En un giro dramático dentro del mundo empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha acentuado sus acciones legales contra los fundadores de Gedesco, una compañía experta en la financiación de pequeñas y medianas compañíasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se centra en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, creadores de Gedesco, así como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes tomaron las bridas de la administración de la firma valenciana después de que JZI adquiriera el 675% de sus acciones en 2007. Este enfrentamiento legal, que se produjo en el tercer mes del año de 2022 con una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth por desviar supuestamente 80 millones de euros a Stator Management, una entidad estrechamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una exclusiva demanda en Valencia por una variedad de delitos introduciendo administración desleal y estafa.

Esta segunda demanda, que también implica a José Luis Villafranca, de hoy miembro del consejo de Gedesco, y a tres compañías bajo la propiedad de los acusados, se apoya en acusaciones de usar la composición de Gedesco en beneficio propio y de tapar el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La demanda detalla de qué manera, a pesar de la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por carecer de integrantes, los acusados prosiguieron tomando decisiones esenciales, bloqueando efectivamente a JZI de participar en la gestión de la empresa. Las solicitudes de JZI para convocar a la Junta de Accionistas y cesar a estos ejecutivos fueron sistemáticamente frustradas, con la junta suspendida en siete ocasiones.

Este conflicto no solo se extiende por dos jurisdicciones, con litigios tanto cincodias.elpais.com en USA como en España, sino que también revela una trama compleja de disputas legales que incluye acusaciones contra los socios creadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la errada compañía de seguridad Ombuds. La resolución de un juez en La capital española de mover uno de estos casos a Valencia y el posterior fichero de la causa por carecer de rastros de delito añade otra cubierta a este entramado legal.

Este caso ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos en el mundo corporativo, sino más bien asimismo las adversidades inherentes a la resolución de disputas transfronterizas en el campo del derecho empresarial. La situación en Gedesco pone de manifiesto los desafíos que combaten los inversores para proteger sus intereses y la importancia de una gestión transparente y ética en las empresas..